La destrucción se llevó a cabo en instalaciones que contaban con sistemas de control de emisiones, diseñados para prevenir afectaciones a la salud de las personas y al medioambiente. El procedimiento se cumplió bajo los protocolos legales establecidos y con la vigilancia de la autoridad judicial. Estas incautaciones hicieron parte de las acciones contra las rentas ilícitas que financiaban a las estructuras criminales. En lo corrido de este año las autoridades registraron más de nueve toneladas de estupefacientes incautadas y 5.400 capturas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el Valle de Aburrá.