Norbey Goez Sepúlveda, conocido con los alias de ‘El Paisa’ o ‘Ñato’, fue capturado en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, en medio de una diligencia de registro y allanamiento coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), la fiscalía general de la Nación, el Ejército Nacional y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Goez Sepúlveda es requerido por autoridades judiciales estadounidenses por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, por lo que su captura se realizó con fines de extradición.
Según la investigación, alias ‘El Paisa’ presuntamente mantenía vínculos con la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y, específicamente, con la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo.
Las autoridades sostienen que el capturado habría aportado recursos económicos para financiar actividades relacionadas con el narcotráfico y participado en la articulación de cargamentos de cocaína que eran almacenados en diferentes zonas de Córdoba.
Posteriormente, la droga sería trasladada hacia sectores costeros y embarcada en lanchas rápidas tipo ‘Go Fast’, utilizando corredores marítimos desde el Golfo de Urabá y la costa cordobesa.

* El Clan del Golfo habría prohibido el ingreso de combustible desde Segovia hacia Santa Rosa del Sur
Según las comunidades afectadas por los retenes al ingreso de la zona desde Segovia hacia el sur de Bolívar, donde habitan unas siete mil personas, piden la creación urgente de un corredor humanitario, ya que también podrían escasear los alimentos y medicamentos.
denuncia de la comunidad de las poblaciones rurales de Segovia, en Antioquia, y Santa Rosa del Sur del departamento de Bolívar. Presuntamente, el Clan del Golfo estaría impidiendo el ingreso de combustible a zonas netamente mineras y que todas las actividades se derivan en torno a esta práctica.
Según las fuentes, la población ya notificó de esta situación a las dos alcaldías sobre la afectación generada por la presión intimidatoria que estaría generando el grupo ilegal en las vías de acceso desde Segovia, que afectan, entre otras, a las veredas Panamá, Mina Nueva y El Paraíso de Santa Rosa del Sur, donde podrían terminar afectando todas las actividades como el transporte escolar y de pasajeros, plantas eléctricas y el comercio, pero quizás el mayor impacto directo es para alrededor de 240 minas o entables que derivan su actividad del combustible para las motobombas que utilizarán entre 10 y 50 galones por día, además de los vehículos.

Agrega la denuncia de que el grupo armado en un retén estaría devolviendo los vehículos que transportan el combustible para que llegue a la zona afectada donde habitan alrededor de 7 mil personas que trabajan mayoritariamente en la minería o tienen negocios que soportan esta actividad.

* Ocupan 42 bienes vinculados al ‘Clan Herrera’, entre ellos una hacienda de 1.083 hectáreas en Sonsón
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 42 bienes que estarían vinculados a una estructura de presuntos testaferros relacionada con Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’, antiguo integrante del Cartel de Cali. Los activos tienen un avalúo preliminar superior a $44.900 millones.
Según el ente investigador, el rastreo de movimientos patrimoniales y operaciones financieras permitió identificar propiedades que habrían permanecido ocultas durante varios años mediante personas y empresas vinculadas a diferentes sectores de la economía.
La Fiscalía señaló que entre las actividades utilizadas para administrar y transformar los activos estaban los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar. De acuerdo con la investigación, estas operaciones habrían buscado dar apariencia de legalidad a los bienes y evitar el control de las autoridades.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó medidas de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre los 42 activos.
Las diligencias fueron adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá, en el Valle del Cauca, y Sonsón, Antioquia.

* Procuraduría apoya petición de cárcel para Miguel Quintero y Sebastián Ortega por el caso AMVA-bomberos de Itagüí
El representante de la Procuraduría, José Luis Ochoa, apoyó ayer la petición de que Miguel Quintero —hermano del exalcalde Daniel Quintero— y Sebastián Ortega vayan a la cárcel mientras avanza el proceso que se sigue en su contra por presunta corrupción.
El delegado del Ministerio Público abrió este lunes la audiencia en la que el Juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías deberá decidir al respecto.
En una corta exposición que duró poco más de media hora, Ochoa hizo un repaso de los argumentos que esgrimieron en sesiones previas la delegada de la Fiscalía y el representante del Área Metropolitana, Mayer Abushihab, y concluyó con la petición de que “se acoja la solicitud del representante de las víctimas”, reiterando que este está facultado legalmente para realizar ese requerimiento. Lo mismo, en resumidas palabras, había conceptuado también con relación a la delegada del organismo acusador.
Hace poco más de dos semanas, Quintero fue imputado por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, en tanto que Ortega responde por el segundo de estos cargos.
Ambos delitos estarían relacionados con la contratación por $17.656 millones que hicieron el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2022. Según la Fiscalía, ellos dos, más el ex subdirector administrativo y financiero del Área, Álvaro Villada, se habrían apropiado de $2.481 millones obtenidos de coimas y habrían sido coadyuvados por la entonces asesora jurídica Vanesa Álvarez