A través de VIVA, la Gobernación ha enviado más de 1.800 toneladas de materiales para atender a las familias que requieren reparaciones. De las 1.200 familias priorizadas, 737 ya recibieron los materiales y avanzan en las obras, con apoyo de las administraciones municipales en la mano de obra; otras 107 están en proceso de recibirlos y 288 tienen programada la entrega.
Andes concentra el mayor número de hogares atendidos, con 186 familias, seguido de Caramanta, con 129, y Valparaíso, con 83. El mecanismo busca que la recuperación pueda avanzar directamente en los territorios, de acuerdo con las necesidades identificadas después del sismo.
Uno de los puntos donde ya comenzó una reconstrucción completa es Ciudad Bolívar, donde se levantan las primeras 10 viviendas rurales que colapsaron. La primera se construye en la vereda Alto de los Jaramillos, una de las zonas más afectadas, como parte de un plan piloto desarrollado por VIVA junto con las administraciones municipales y el sector privado.
A esta estrategia se suma una alianza con el Comité Departamental de Cafeteros, mediante la cual se reconstruirán otras 39 viviendas cafeteras que resultaron afectadas.

La emergencia, sin embargo, dejó daños que van mucho más allá de las viviendas. El reporte oficial registra 33 personas heridas y una fallecida en Támesis, además de afectaciones en 76 escenarios religiosos, 31 sedes de alcaldías y 150 equipamientos, entre ellos casas de la cultura, estaciones de bomberos y Policía, escenarios deportivos, cementerios, bibliotecas, hoteles y centros carcelarios.
En educación, las verificaciones realizadas en las nueve subregiones identificaron 481 sedes educativas que requieren algún tipo de intervención. Pese a los daños, el departamento señala que no se ha presentado desescolarización asociada al sismo.
También se han destinado recursos para recuperar infraestructura de salud. La Secretaría de Salud e Inclusión Social anunció una inversión de $4.095 millones para intervenir hospitales y puestos de salud afectados en municipios de distintas subregiones, de acuerdo con las evaluaciones técnicas realizadas a las instituciones.
Los servicios públicos y la infraestructura vial también hacen parte de la recuperación. Amagá, Andes, Abejorral y Maceo recibieron acompañamiento técnico por afectaciones en sus sistemas de agua, mientras otros municipios permanecen bajo seguimiento. En cuanto a las vías departamentales, los 16 corredores que presentaron afectaciones ya están habilitados y continúan bajo monitoreo.
Para Vanessa Paredes Zúñiga, directora del Dagran, la respuesta ha pasado de la atención inmediata a una fase que exige mantener el trabajo en los territorios. La funcionaria señaló que la Gobernación cuenta con un Plan de Acción Específico para la Respuesta superior a $38.000 millones, destinado a atender los distintos frentes de la emergencia y avanzar hacia la recuperación.
A un mes del terremoto, las cifras muestran la magnitud del impacto, pero también el tránsito hacia una etapa distinta: pasar de atender la emergencia a reconstruir viviendas, recuperar infraestructura y devolverles a las familias afectadas las condiciones para volver a empezar.